Comprar una vivienda en Bilbao o en cualquier otro municipio de Bizkaia se ha convertido, para muchas personas jóvenes, en una operación difícil de afrontar sin ayuda familiar. El precio de la vivienda, la entrada que suele exigir la entidad bancaria y los gastos asociados a la compraventa hacen que cada vez más familias recurran a una solución aparentemente sencilla: que los padres, abuelos u otros familiares aporten parte del dinero necesario para la compra.
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En los últimos años, esta pregunta aparece cada vez con más frecuencia en los asuntos de derecho de familia: “mi hijo mayor de edad no quiere saber nada de mí, ¿tengo que seguir pagando la pensión de alimentos?”. No suele ser una duda fría ni puramente económica. Normalmente llega después de mucho desgaste familiar, de mensajes que no reciben respuesta, llamadas que no se devuelven, bloqueos en WhatsApp, cumpleaños ignorados, encuentros tensos o directamente inexistentes y una sensación de injusticia que, para quien paga, puede llegar a resultar muy difícil de digerir.
El caso de Juana Rivas ha sido uno de los más complejos y mediáticos de los últimos años en España. Más allá del debate social o mediático, plantea cuestiones jurídicas de fondo: la sustracción internacional de menores, la aplicación del Convenio de La Haya, el uso del derecho penal en conflictos familiares, el indulto parcial y los límites de la cooperación entre jurisdicciones. También expone cómo se gestionan y valoran denuncias por maltrato o abuso en sistemas judiciales distintos, como los de España e Italia.
Desde Lambda Estudio Jurídico, despacho de abogadas en Bilbao con amplia experiencia en derecho de familia y penal, hemos preparado este análisis con un enfoque divulgativo, claro y neutral. Está basado en resoluciones judiciales y documentos oficiales, y recorre cronológicamente todo el itinerario legal del caso, hasta los acontecimientos más recientes. Puede resultar útil para quienes estén atravesando procesos complejos con menores, especialmente cuando hay decisiones judiciales en distintos países.
En Lambda Estudio Jurídico, despacho de abogadas en Bilbao, atendemos cada vez más consultas sobre la custodia de mascotas después de una ruptura de pareja. La ley española ha evolucionado recientemente para reconocer a los animales de compañía como miembros de la familia, otorgándoles un estatus jurídico especial. Un ejemplo destacado de esta nueva realidad es una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander (Sentencia nº 476/2024, de 2 de septiembre de 2024) que declara la copropiedad de un perro y establece un régimen de custodia compartida quincenal para sus dueños. A continuación, explicamos de forma clara en qué consiste esta sentencia, qué dice la ley (aplicable también en Bilbao, Bizkaia y toda Euskadi) sobre la custodia de mascotas, y qué implicaciones prácticas tiene para las parejas que se separan y no saben qué hacer con su compañero de cuatro patas.
Cuando una pareja con hijos decide separarse o divorciarse, uno de los temas que más preocupaciones genera es el régimen de visitas. Este acuerdo, que puede estar pactado de forma amistosa o establecido por el juzgado, pretende asegurar que los niños mantengan un contacto constante con ambos progenitores, incluso cuando ya no convivan juntos. Sin embargo, en la práctica no siempre se cumple, y surgen diversos problemas que afectan tanto a las madres y padres como a los hijos.
El alquiler turístico ha experimentado un crecimiento extraordinario durante los últimos años, especialmente en ciudades con una fuerte demanda de alojamiento como Bilbao. Lo que inicialmente podía plantearse como una forma relativamente sencilla de obtener rendimiento económico de una vivienda se encuentra hoy sometido a un marco jurídico mucho más exigente.
En 2026 ya no basta con comprobar que una vivienda reúne unas determinadas condiciones y presentar una declaración responsable. La posibilidad de desarrollar una actividad turística puede depender de la comunidad de propietarios, del planeamiento urbanístico municipal, de la normativa turística vasca y, desde finales de 2025, incluso de que la vivienda se encuentre o no dentro de una zona de mercado residencial tensionado.
En Bilbao la situación es especialmente relevante: todo el municipio está declarado zona de mercado residencial tensionado y actualmente se encuentra suspendido el inicio de nuevas actividades de viviendas y habitaciones de uso turístico mientras permanezca vigente esa declaración.
Además, desde el 3 de abril de 2025, quienes pretendan iniciar una nueva actividad turística en una vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal necesitan obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios.
Por tanto, la pregunta ya no es simplemente «¿puede mi comunidad prohibir un Airbnb?». Para responder correctamente hay que conocer cuándo comenzó la actividad, si ya estaba habilitada legalmente, qué dicen los estatutos, dónde se encuentra la vivienda y qué normas urbanísticas y turísticas resultan aplicables.
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